Durante la última década, Colombia ha atravesado una transformación progresiva en su manera de entender la salud mental. Si bien la Ley 1616 de 2013 fue un hito al reconocerla como una parte esencial de la salud integral, su aplicación en el territorio nacional fue limitada y fragmentada. La falta de recursos, la débil articulación institucional y el estigma persistente impidieron que esta ley se tradujera en un acceso real, digno y oportuno para millones de personas.
Frente a ese panorama, la Ley 2460 del 16 de junio de 2025 emerge como una respuesta estructural y ambiciosa. Esta nueva norma modifica y fortalece la Ley 1616 de 2013, y tiene como propósito elevar la salud mental al rango de derecho fundamental, lo que implica obligaciones específicas del Estado y una garantía exigible por parte de la ciudadanía.
La ley no solo declara principios generales: establece un sistema nacional, crea mecanismos de financiación independientes, amplía el acceso mediante medidas como la atención directa por psicólogos, e incorpora un enfoque biopsicosocial e intersectorial, que reconoce la influencia de factores económicos, sociales, culturales y ambientales en la salud mental de las personas.
Con esta reforma, Colombia da un paso importante hacia una salud mental más inclusiva, cercana, comunitaria y preventiva. Ya no se trata solo de tratar enfermedades, sino de proteger el bienestar emocional como parte inseparable de la dignidad humana y del desarrollo social.
Marco legal y alcance
La Ley 2460 de 2025 nace con la intención explícita de fortalecer el marco jurídico en torno a la salud mental en Colombia, reformando de manera integral la Ley 1616 de 2013, que si bien reconocía la importancia del tema, carecía de herramientas efectivas para su implementación plena.
Objeto de la ley
El objeto de esta nueva normativa es garantizar el derecho fundamental a la salud mental mediante un enfoque preventivo, promocional, asistencial, rehabilitador y comunitario, aplicable en todos los niveles del sistema de salud y en diversos sectores sociales. De este modo, la salud mental deja de estar relegada al ámbito clínico o psiquiátrico, para ser reconocida como un derecho transversal al desarrollo humano y social.
Principios rectores
La Ley 2460 se estructura sobre un conjunto de principios rectores que guían su interpretación, implementación y evaluación:
- Integralidad: La salud mental se concibe como una dimensión inseparable de la salud general, que abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales de la persona.
- Equidad: Garantiza condiciones justas de acceso, especialmente para poblaciones históricamente excluidas o vulnerables, reduciendo barreras económicas, geográficas, culturales y de estigma.
- Enfoque biopsicosocial: Supera el modelo biomédico, considerando factores estructurales como la pobreza, la violencia, el desempleo o la exclusión, que inciden directamente en el bienestar mental.
- Enfoque diferencial y territorial: Reconoce la diversidad de contextos, culturas y trayectorias vitales, con atención prioritaria a grupos como niños, adolescentes, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, pueblos étnicos y comunidades rurales.
- Participación social: Fomenta el involucramiento activo de la ciudadanía, organizaciones sociales, académicas y comunitarias en la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de salud mental.
Reforma estructural a la Ley 1616 de 2013
La Ley 2460 no se limita a ajustar artículos de la ley anterior: reconfigura completamente el modelo de atención y gestión de la salud mental. Mientras la Ley 1616 de 2013 introdujo la temática en el lenguaje institucional, la Ley 2460 concreta mecanismos operativos, crea instancias específicas, asigna presupuesto, y eleva la salud mental a un derecho fundamental de exigibilidad inmediata.
Entre los principales cambios se incluyen:
- El paso de un enfoque asistencial a uno integral y comunitario.
- La obligatoriedad de la articulación intersectorial (salud, educación, justicia, cultura, trabajo).
- La creación de un Sistema Nacional de Salud Mental, un Observatorio Nacional y Consejos Territoriales.
- La implementación de rutas de atención, acceso directo a profesionales y protocolos diferenciados según grupo poblacional.
- La inclusión del tema en la política educativa, laboral y cultural, promoviendo entornos protectores desde la infancia.
El alcance de la Ley 2460 no solo redefine el deber del Estado en relación con la salud mental, sino que reestructura el sistema mismo para responder a una realidad que por años fue invisibilizada. La salud mental, por fin, entra en la agenda nacional con una normativa ambiciosa, coherente y vinculante.
Novedades fundamentales
La Ley 2460 de 2025 representa un punto de inflexión en la forma como el Estado colombiano concibe, organiza y garantiza la atención en salud mental. Más allá de sus principios rectores, introduce una serie de transformaciones prácticas y operativas que buscan corregir deficiencias históricas del sistema. Estas son sus principales novedades:
Acceso directo a psicólogos sin remisión médica
Una de las reformas más significativas es la posibilidad de que cualquier persona acceda directamente a servicios de psicología sin requerir una remisión médica previa. Esto corrige una de las barreras más comunes del modelo anterior, en el que la salud mental quedaba supeditada a filtros administrativos o clínicos, incluso en situaciones urgentes.
Gracias a esta medida, se espera una atención más oportuna y humanizada, especialmente en los primeros niveles de atención, donde los equipos básicos de salud mental podrán intervenir en crisis emocionales, consumo problemático de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, ideación suicida, entre otras problemáticas frecuentes.
Enfoque biopsicosocial y corresponsabilidad intersectorial
La ley adopta de forma explícita un enfoque biopsicosocial, que entiende la salud mental como el resultado de múltiples determinantes: biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Esto obliga a pensar las políticas de salud mental más allá del sistema sanitario.
En consecuencia, la Ley 2460 impone un modelo de corresponsabilidad intersectorial que involucra a sectores como:
- Educación, a través de programas de promoción del bienestar y detección temprana en instituciones escolares;
- Trabajo, mediante entornos laborales saludables y protocolos de prevención de riesgos psicosociales;
- Justicia, garantizando atención adecuada a víctimas, personas privadas de la libertad y operadores judiciales;
- Vivienda, cultura y deporte, como factores protectores para la salud mental colectiva.
Este modelo reconoce que el bienestar emocional es también una construcción social, y por tanto debe abordarse desde todos los espacios de la vida cotidiana.
Cobertura y financiación: bases para un sistema sostenible
Para que estas transformaciones no queden en el papel, la ley crea mecanismos financieros e institucionales concretos que garantizan su implementación:
- Se establece una subcuenta presupuestal exclusiva para salud mental, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto permite trazar, ejecutar y auditar recursos de manera independiente.
- El Estado gestionó un préstamo internacional de US $ 150 millones con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) para acelerar la puesta en marcha de equipos territoriales, formación de talento humano y modernización tecnológica.
- Se crea una División de Salud Mental dentro del Ministerio de Salud, con competencias claras y estructura propia. A su vez, se establece el Sistema Nacional de Salud Mental, que articula los niveles nacional, departamental y municipal para una gestión coordinada, con énfasis en los territorios más rezagados.
Este andamiaje busca asegurar que la salud mental no dependa de voluntades locales o coyunturas políticas, sino que cuente con un respaldo técnico, normativo y financiero estable en el largo plazo.
Grupos priorizados y enfoque diferencial
Uno de los pilares más importantes de la Ley 2460 de 2025 es su enfoque diferencial y de derechos, que reconoce que la salud mental no se afecta ni se trata igual en todas las poblaciones. Por eso, la ley establece criterios de atención preferente para grupos históricamente excluidos o con mayores riesgos psicosociales, asegurando que las políticas, programas y servicios se diseñen considerando sus contextos específicos.
Los principales grupos priorizados son:
- Niños, niñas y adolescentes, por su alta vulnerabilidad emocional y necesidad de acompañamiento temprano en el desarrollo de su bienestar mental.
- Jóvenes y personas menores de 28 años, dado que los trastornos mentales suelen manifestarse por primera vez en estas etapas de la vida.
- Personas con discapacidad, que enfrentan barreras estructurales, estigma y riesgos de aislamiento social.
- Víctimas del conflicto armado y de violencias estructurales, quienes requieren abordajes psicosociales especializados e interseccionales.
- Pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y ROM, con reconocimiento de su identidad cultural, formas tradicionales de cuidado, lengua y cosmovisión.
- Personas privadas de la libertad, adultos mayores, cuidadores informales y personas en situación de calle o pobreza extrema.
La ley exige que cada entidad territorial identifique a estos grupos en su diagnóstico local y desarrolle rutas de atención específicas, diferenciadas y culturalmente pertinentes. Además, se establecen mecanismos para que las comunidades participen en la planificación de las intervenciones, promoviendo un enfoque comunitario, inclusivo y sin discriminación.
Educación, promoción y prevención
Entendiendo que la salud mental se construye desde la vida cotidiana y no solo se trata en hospitales o consultorios, la Ley 2460 enfatiza la importancia de la educación emocional, la promoción del bienestar y la prevención de riesgos desde edades tempranas y en todos los entornos sociales.
Estrategias de comunicación y cultura pública
Una de las apuestas más visibles es la declaración del mes de octubre como el “Mes Nacional de la Salud Mental”, durante el cual el Estado y las entidades territoriales deben desarrollar campañas pedagógicas, jornadas comunitarias, espacios de diálogo y movilización ciudadana. Estas acciones deben estar orientadas a derribar el estigma, promover el autocuidado emocional y fortalecer redes de apoyo colectivas.
Además, se establece que los medios de comunicación públicos y privados deberán incorporar contenidos de sensibilización y formación en salud mental, incluyendo medios digitales, redes sociales, plataformas escolares y espacios laborales.
Transformación del sistema educativo
El sistema educativo se convierte en uno de los principales escenarios para garantizar el derecho a la salud mental. Por eso, la ley ordena:
- La incorporación de contenidos de salud mental y habilidades socioemocionales en los planes de estudio desde la educación inicial hasta la educación media y superior.
- La formación docente obligatoria en promoción del bienestar emocional, prevención del suicidio, atención a señales de alerta y gestión del clima escolar.
- La creación de comités escolares de salud mental, integrados por docentes, estudiantes, padres y personal psicosocial, que deberán elaborar e implementar planes institucionales de salud mental.
Estas medidas buscan no solo intervenir cuando el problema ya está presente, sino cultivar entornos protectores, prevenir el daño emocional y fomentar el desarrollo integral desde los primeros años de vida.
Conclusión y perspectivas
La Ley 2460 de 2025 marca un hito en la historia de la salud mental en Colombia. Por primera vez, este aspecto esencial de la vida humana se reconoce de forma explícita como un derecho fundamental, con mecanismos claros para su garantía, financiamiento y seguimiento. Se pasa de una visión asistencial y marginal, a un modelo integral, comunitario y con enfoque de derechos, que reconoce la complejidad de los factores que inciden en el bienestar emocional de las personas.
Entre sus avances más destacables se encuentran:
- Un financiamiento real y trazable, a través de la subcuenta presupuestal y recursos internacionales gestionados para su ejecución.
- La creación de institucionalidad sólida, con nuevas estructuras dentro del Ministerio de Salud, un sistema nacional articulado, y vigilancia permanente a través de observatorios y reportes bianuales.
- El acceso ampliado y sin barreras, como la atención directa por psicólogos sin remisión, la cobertura a territorios rurales, y la inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas.
No obstante, la aprobación de la ley es apenas el primer paso. Su verdadero impacto dependerá de la implementación efectiva en los territorios, la articulación entre sectores, y la capacidad de transformar estructuras burocráticas en redes humanas de cuidado. A ello se suman desafíos persistentes como la escasez de profesionales, la débil infraestructura de salud mental en zonas apartadas, y la necesidad de erradicar el estigma social que aún rodea estas temáticas.
En este sentido, la Ley 2460 abre una oportunidad histórica: convertir la salud mental en una prioridad pública sostenida, transversal a la educación, el trabajo, la justicia, la cultura y la vida comunitaria. El reto ahora es hacerla viva, cotidiana y cercana a cada ciudadano, más allá del papel.
Texto completo de la ley de salud mental. Ley 2460 De 2025
Escrito por: Nuestra Directora
