Según la Unidad de Víctimas de Colombia, entre 1985 y 2021, el conflicto armado en el país afectó a más de 2 millones de niños y jóvenes, incluyendo desplazamiento, encarcelamiento, reclutamiento, explotación y violencia sexual (COALICO 2021; UN. 2021). Aunque la violencia disminuyó después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016, los esfuerzos de otros grupos armados para tomar el control de las áreas previamente controladas por las FARC-EP han aumentado el nivel del conflicto. En este artículo queremos compartirte una aproximación sobre el impacto que ha tendo nuestro conflicto armado en la educación en Colombia.
Entre 2020 y 2021, el número de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto aumentó en un 88% (de 12.481 a 23.465) (COALICO 2020 y 2021). Aproximadamente 13.000 niños han sido afectados por el conflicto y el desplazamiento forzoso en 2021. También ha aumentado el número de niños y jóvenes reclutados por grupos armados (InSight Crime. 2021). En la costa del Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño, Valle Cauca) y en las provincias fronterizas con Venezuela (Arauca, Norte Santander, Vichada), los conflictos se incrementan notablemente, aumentando con ello los desplazamientos y el número de personas encarceladas.
Del 1 de enero al 17 de marzo de 2022 se duplicó el número de personas afectadas por el bloqueo y el desplazamiento respecto al mismo período de 2021. En los primeros dos meses y medio de 2022 se duplicó el número de personas afectadas por el confinamiento 44% más que en todo el 2021 (OCHA. 2021). Es probable que el número de niños afectados por conflictos aumente para 2022.
La educación de los niños y niñas desplazados por el conflicto
La expulsión involuntaria es una de las principales razones por las que los adolescentes abandonan la escuela, especialmente en las zonas rurales. Al menos un millón de niños y niñas conviven con este flagelo, y aún así, en muchos casos, la protección de este derecho no es una prioridad. Las familias desconocen el camino a la educación gratuita y las instituciones educativas están imponiendo barreras de ingreso.
Según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno de 2021 (Grid, 2021), Colombia es uno de los ocho países del mundo con mayor número de menores desplazados. Estamos con Siria, Congo, Somalia, Afganistán, Nigeria, Yemen y Etiopía, los países más golpeados por este desastre como resultado del conflicto. Todos tienen más de un millón de niños y adolescentes víctimas.
El desplazamiento es una de las principales razones por las que los estudiantes abandonan la escuela en Colombia, un hecho preocupante que se suma a la larga lista de consecuencias que experimentan las familias al dejar su lugar de origen, como pérdida de ingresos económicos, falta de acceso a servicios básicos. , ruptura social y cultural, y trauma psicológico. Un agravante, sin embargo, es que las familias o el Estado no traten adecuadamente el derecho a la educación cuando se trata de casos de expulsión forzada. Al principio era normal, debido al impacto económico de la reubicación, es importante encontrar un trabajo para mantener a su familia. Sin embargo, no puede ser un derecho que se deje para lo último.
Según el Comité Permanente entre Organismos (IASC), un mecanismo de coordinación de agencias de la ONU, la educación y la calidad es una de las soluciones sostenibles para las personas desplazadas. El comité dijo que “para muchos jóvenes, la educación puede proporcionar una sensación de estabilidad frente a la incertidumbre. También puede brindarles protección física, mental y cognitiva, ayudarlos a sobrellevar el trauma del desplazamiento y desarrollar estrategias para lidiar con ellos”.
Pero la realidad en Colombia es diferente. En algunos casos, los niños, niñas o menores que han dejado la escuela por traslado no regresan a clases porque no saben cómo cuidarlos, la institución educativa no les brinda el compañerismo completo, tienen que trasladarse o tienen dificultad para adaptarse a nuevas escuelas en lugares o ciudades centralizadas, llegan sin comprender su derecho a ser víctimas y crean barreras para la inscripción de sus hijos.
Una mirada a los daños del conflicto armado en la educación rural colombiana
Han pasado seis años desde que los miembros del gobierno firmaron un acuerdo de paz con las FARC-EP, y si bien se puede argumentar que la violencia rural ha cambiado por completo, la realidad es diferente.
Según el estudio “Escuelas de Guerra: Otras Víctimas del Conflicto” publicado en el portal Rutas del Conflicto, “ha habido 331 ataques violentos o ataques a instituciones educativas por parte de guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas desde 1990 hasta 2020”. ¿Por qué es importante el tema? Hay dos razones principales. Primero: los conflictos armados son en su mayoría de carácter rural; Segundo: la educación rural ha sido un tema en gran parte ignorado en la investigación educativa, al descubrir que las mismas áreas rurales todavía tienen nuevas formas de conflicto, que necesitan más reflexión, lo que algunos han llamado las nuevas conflictividades.
Los investigadores del estudio exponen que es de gran importancia reconocer y resignificar la educación rural y la ruralidad en Colombia, independientemente de si está en o fuera del contexto del conflicto armado, porque es un problema que no sólo está reaccionando ante el sistema escolar, sino que también, parte de una estrategia política y cultural ejercida por las comunidades rurales. Los documentos que se utilizaron para el estudio han demostrado que la bibliografía se queda corta porque la mayoría de los estudios carecen de un sistema estadístico, por lo que es necesario seguir investigando ampliamente este tema, ya que, en muchos documentos solo se centran en la situación del Putumayo, el Cauca, Antioquia, la Guajira y el Atlántico.
Los últimos datos del Ministerio de Educación, analizados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, encontró que «de 2,400,000 estudiantes de escuelas rurales en todo el país, solo el 17% tiene acceso a Internet». Otros estudios como el censo educativo realizado por el DANE, en 2017, demuestra que «el 70% de los niños y los jóvenes sin acceso a la educación en Colombia son de áreas rurales y zonas lejanas al centro del país».
Mensajes clave
• El conflicto armado afecta todos los aspectos de la vida de los niños y jóvenes, dificultando su acceso a la educación, los servicios de salud y los medios de subsistencia.
• Los conflictos hacen que los niños y los jóvenes tengan efectos a largo plazo o de por vida en su salud física y mental.
• Los datos existentes sobre niños y jóvenes afectados por conflictos armados pueden ser limitados debido a amenazas, temor a represalias por parte de grupos armados, el desconocimiento de los servicios de protección.
• El reciente aumento de la violencia en Colombia puede aumentar el número de niños y jóvenes afectados.
Fepropaz y la Educación en Colombia
La fundación Fepropaz en el cumplimiento de sus objetivos y de su propósito como organización, busca promover la prosperidad para la construcción de un país en paz, por ende, hemos investigado e identificado los problemas de la población colombiana en materia de educación, por eso hemos estudiado durante varios años las necesidades de escolaridad y analfabetismo con las que cuenta nuestro país, desarrollando un modelo educativo que se adapte a las necesidades de tiempo, modo y lugar de estas poblaciones vulnerables para poderlas atender.
Con lo anterior queremos contribuir a la paz de nuestro país. Y tú, ¿nos acompañas en este camino?
Escrito por: Nuestra Directora
